El sindicato expone que se niega ser cómplice de enviar al paro a 9.163 trabajadores y justificar así una avalancha de regulaciones de empleo en empresas proveedoras y auxiliares.
Según informan desde CGT, hoy se ha alcanzado un acuerdo entre la empresa, CC.OO, UGT y SCP, por el que se decide enviar al paro a 9.163 trabajadores y trabajadoras en los dos centros de trabajo que tiene la compañía del rombo en Castilla y León. La medida viene motivada por la crisis de los semiconductores que afecta a las empresas de automoción, entre otras, a nivel mundial «crisis que los trabajadores no hemos provocado», afirman desde CGT. «La Dirección de la Empresa ha decidido que los contratos de 9.163 trabajadores queden en situación de suspensión y agoten lentamente su prestación por desempleo, una prestación que hemos generado nosotros mismos durante años de trabajo y cuya filosofía es poder disponer de esa asistencia en caso de quedarte sin empleo, para cubrir tus necesidades básicas mientras encuentras otra ocupación».
Además el sindicato afirma que de la documentación entregada por la empresa se desprende que no hay causas objetivas que justifiquen la adopción de esta medida y proponen como alternativa al ERTE la aplicación del artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, aplicando un paro técnico y continuando con el pago de los salarios por parte del empleador.
«No hay motivos que justifiquen la aplicación de un ERTE por causas productivas, por lo que no vamos a ser cómplices de enviar a la calle de manera temporal a 9.163 trabajadores, por mucho que los sindicatos firmantes pregonen que es un buen acuerdo del que vamos a salir todos beneficiados. Consideramos que la avalancha de acuerdos en la aplicación de ERTEs en las últimas décadas y el papel jugado por los sindicatos firmantes, ha significado una aceptación ciega de este sistema basado en que el trabajador costee las pérdidas económicas de las empresas (especialmente las más grandes) y esa aceptación ha llevado a que en las sucesivas reformas laborales se haya facilitado aún más a las empresas la utilización de esa herramienta”, explican desde CGT, incidiendo en que “no se puede estar pidiendo la derogación de una reforma laboral en la calle y aceptar la utilización de la misma en los despachos”. «Es necesaria una oposición frontal a esa política de las empresas para revertir la situación y evitar que la clase trabajadora y el erario público sean quienes subvencionen la avaricia de las grandes empresas», añaden desde la organización anarcosindicalista.
La Dirección de la Empresa ha comunicado durante el transcurso de la negociación su intención de reunirse de nuevo antes de la finalización del ERTE para analizar la situación en ese momento, lo que para CGT indica que esto puede que sólo acabe de comenzar.